El reciente informe preliminar de la CNDH es claro al indicar que tanto policías federales como estatales estuvieron involucrados. De éstos últimos, ya hay detenidos que están en espera de las investigaciones y el gobierno del estado ha declarado que acatará el informe. En el caso de los primeros, el gobierno federal ha optado por un oscuro silencio, que levanta la sospechas y hace pensar que intenta encubrir la responsabilidad de sus elementos, aunque resulta imposible ya dudar que es directamente culpable del lamentable hecho.
La pregunta es, qué sigue. El gobierno de Aguirre se ha mostrado dispuesto a aceptar el informe de la Comisión, así como a castigar a los responsables. ¿Y el federal? ¿Por qué insiste en encubrir, en ocultar, en obstaculizar las investigaciones, tal como apunta el Presidente de la CNDH y se dijo aquí anteriormente? ¿No está obligado hoy a dar la cara, tal como lo ha hecho la administración guerrerense? ¿Qué pretende la Policía Federal al mantener ese sospechoso silencio?
La Policía Federal disparó contra los normalistas de Ayotzinapa. |
Se diga lo que se diga, en Guerrero existe un amplio sector de la población que desde hace tiempo reprueba la conducta violenta de los estudiantes de Ayotzinapa, quienes hoy, en pro de su causa, roban camiones de pasajeros, de alimentos, asaltan tiendas y ponen en jaque la convivencia social de la ciudadanía en Guerrero. No caigamos en la trampa de dar carta abierta a quienes hoy se ostentan como víctimas, y son a su vez, victimarios.
Ya se dijo aquí anteriormente que en el caso de Ayotzinapa no hay buenos ni malos. El papel de la ciudadanía debe ser exigir castigo a los responsables por la muerte de tres personas, no solamente de aquellos que hoy pretenden usarse como bandera y pretexto para cometer atropellos en nombre de causas sociales y políticas. La justicia debe ser pareja para todos y éste, es un buen momento para demostrarlo.
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